Pablo Amat Trujillo

Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 11 (Las Condes, La Reina, Peñalolén, Vitacura, Lo Barnechea), Independiente patrocinado por el Partido Ecologista Verde. Abogado con un profundo enfoque en el área Ecológica y en Derechos Humanos (Magíster en Derecho Ambiental y Diplomado en Derecho Internacional de los DDHH). 

En las próximas semanas debería votarse el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo que reemplazará a la CONAF en el cuidado de las Áreas Protegidas, como: Parques Nacionales, Reservas, Monumentos Naturales, entre otros.

Ante noticias alarmantes como que CONAF taló ilegalmente 51 araucarias en Parque Nahuelbuta; o que mediante Decreto Supremo se redujeron 5.000 hectáreas de extensión del Parque Nacional Patagonia (Tompkins) para entablar un proyecto minero allí; o el uso de maquinaria pesada en Parque Nacional Archipiélago Juan Fernandez, para buscar un supuesto tesoro que nunca se encontró; y ante el hecho que en la práctica se han autorizado en ellas numerosos proyectos Hidroeléctricos, Mineros o Salmoneras con gran impacto ambiental; nos lleva a preguntarnos:

¿Qué tan protegidas están nuestras áreas protegidas? ¿Es compatible su objetivo de preservación de la naturaleza con el realizar actividades económicas en ellas? ¿Soluciona en algo el proyecto de Ley próximo a discutirse en el Congreso? y ¿Cómo puede ayudar la Nueva Constitución a hacer efectiva la preservación ambiental?

Las primeras “normas ambientales” que se dictaron en nuestro país se refirieron precisamente a áreas protegidas y tala indiscriminada de bosques. A principios del Siglo XX, nos empezamos a dar cuenta de nuestra capacidad destructiva, y que la concepción clásica de la propiedad que adoptó nuestro Código Civil – donde el dueño de una cosa tiene amplias facultades incluso para destruirla a su arbitrio – no se adecuaba al medioambiente, el cual requiere un cuidado y regulación especial. De esta manera, comenzamos a reconocer que habían lugares que  por su importancia, valor patrimonial, biodiversidad, belleza paisajística, queríamos proteger y mantener intactos a la actividad del hombre. Desde entonces, se ha entendido que mientras que la preservación ambiental excluye toda explotación de los recursos naturales, la conservación del patrimonio ambiental admite un uso y aprovechamiento racional y sustentable de los mismos.

Bajo esta concepción de preservación, se dicta la Convención de Washington de 1940, Tratado Internacional al cual Chile adhiere en 1967, la cual prohíbe expresamente la explotación de las riquezas existentes en áreas protegidas para fines comerciales. Asimismo, expresa que sus límites no serán alterados, ni enajenada parte alguna de ellos sino por Ley.

La Constitución de 1980, establece por primera vez una norma ambiental en su texto, que contempla un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y un deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza. Sin embargo, sólo se puede interponer el recurso de protección para hacer efectivo este derecho y no para exigirle al Estado que cumpla su deber de preservar la naturaleza. Asimismo, tampoco señala qué se entiende por preservación. La Ley 18.362 de 1984, sería la encargada de definir preservación, como “la mantención de la condición original de los recursos naturales de un área silvestre, reduciendo la intervención humana a un nivel mínimo”. Sin embargo, esa Ley nunca entró en vigencia, ya que para ello requería que primero se dictara la ley que crearía la CONAF, lo cual nunca ocurrió tampoco, y hasta hoy la CONAF es una corporación de derecho privado.

Finalmente, luego de más de 10 años discutiéndose en el Congreso, en los próximos días debería votarse el proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). El proyecto viene a presentar un avance en varias materias: se crea un organismo funcionalmente descentralizado y sujeto a la supervigilancia del Ministerio del Medio Ambiente, y no del Ministerio de Agricultura como ha sido la lógica hasta el momento. Asimismo, consagra expresamente principios de vital importancia, como: el principio precautorio y preventivo, el principio de no regrasión y un principio participativo, que involucra a las comunidades indígenas y locales en la conservación de estos lugares.

Sin embargo, dicho proyecto de ley – tal como está actualmente – no se adecúa a la Convención de Washington. Define preservación de forma vaga, como la “mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y desarrollo de las especies y ecosistemas”, y más bien lo que pretende es regular la forma en que se pueden desarrollar actividades económicas dentro de áreas protegidas. Asimismo, permite modificar los límites del área en virtud de un decreto supremo fundado (norma de jerarquía inferior a una Ley), aunque hay indicaciones al proyecto para subsanar ello.

El principal problema de este proyecto de Ley, es que si bien en el papel señala que no se permitiría explotar recursos con fines comerciales, dando apariencia de conformidad con la Convención de Washington, luego expresa que los proyectos o actividades en su interior se regirán por las leyes respectivas que las regulan. Y si bien deroga una serie de , el normas proyecto no deroga el artículo 17 N°2 del Código de Minería, que considera suficiente el permiso del Intendente respectivo “para ejecutar labores mineras en lugares declarados parques nacionales, reservas nacionales o monumentos nacionales”. Tampoco modifica el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura que no prohíbe instalar salmoneras en Reservas Nacionales, cuando actualmente hay 416 concesiones otorgadas para criar salmones en áreas protegidas, equivalentes al 29,67% del total de concesiones salmoneras. En todo caso, cabe señalar que actualmente hay indicaciones al proyecto por parte de diputados Catalina Pérez, Cristina Girardi y Félix González, entre otros, tendientes a derogar el Numeral 2 del artículo 17 del Código de Minería, e incluir a las Reservas Nacionales en prohibición del artículo 158 de la Ley General de Pesca y Aquicultura; las que en caso de ser aprobadas corregirían gran parte de las aprehensiones antes indicadas.

Por un lado, si bien se consagran prohibiciones estrictas a realizar en áreas protegidas, tales como: extraer tierra de hoja, extraer ejemplares de plantas, recolectar frutos, provocar contaminación acústica o lumínica, entre otras; en la práctica permite realizar proyectos con efectos mucho más dañinos e irreparables, a los cuales no les afectan las prohibiciones antes mencionadas, cuando hayan sido aprobados mediante Estudios de Impacto Ambiental. A su vez, el proyecto deja mucha responsabilidad en la elaboración de Planes de Manejo, los cuales van a definir los objetivos de protección y las actividades compatibles e incompatibles en el lugar; cuando sabemos que hay muchas áreas protegidas que no cuentan aún con ellos, y presenta el riesgo que se utilicen para burlar objetivos consagrados en normas de mayor jerarquía. Recientemente Corte Suprema, sentencia Rol 139.872-2020, ordenó a CONAF eliminar su Plan de Manejo de talas de bosque nativo para recuperar suelos de producción agrícola, mediante el cual autorizaron reemplazo de bosque esclerófilo por monocultivo de paltas. Además, el Proyecto de Ley SBAP permite concesionar proyectos de infraestructura permanente para actividades de turosmo, lo cual daría pie a que se realicen megaproyectos Hoteleros en Parques Nacionales, que ya han sido anunciados.

Las actividades que más dividendos económicos dan a Chile, como minería, acuicultura, industria forestal o hidroeléctricas, están reguladas en leyes especiales que permiten instalarse en áreas protegidas, ¿tiene sentido que se puedan realizar en áreas protegidas las actividades que más dañan el ecosistema? Si bien el proyecto de Ley establece una acción pública de denuncia, las actividades que más impactan el medio ambiente, escapan su campo de acción y seguirán siendo fiscalizadas por la SuperIntendencia del Medio Ambiente y no por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Esperamos que prosperen las indicaciones al proyecto que corrigen algunas de las situaciones antes mencionadas y vienen a significar un avance en el cuidado de nuestra biodiversidad y áreas protegidas.

No obstante, la Nueva Constitución debe ayudar a hacer frente a esta situación: 1) Primero que todo, debe establecer que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos tienen Jerarquía Constitucional. 2) Asimismo, establecer como materia de Ley, el modificar los límites de un área protegida (y no por Decreto Supremo). 3) Luego, es necesario establecer expresamente que no se permitirá la explotación de los recursos naturales existentes en áreas protegidas. 4) A su vez, consagrar a la Naturaleza como sujeto de derechos y establecer una acción popular que permita que cualquier persona pueda interponerla, pudiendo también exigir que el Estado cumpla su deber de tutelar la preservación de la naturaleza. 5) Ello junto con consagrar principios ambientales de vital importancia como el Principio Precautorio, de No Regresión, Buen Vivir, entre otros. 6) Y establecer una Defensoría del Pueblo (ombudsman), que incorpore una Defensoría de la Naturaleza, procupada de velar porque se preserve la naturaleza.

Por otro lado, debe procurarse porque concesiones ya otorgadas, o autorizaciones a proyectos y actividades en áreas protegidas, no sean renovadas ni prorrogadas, velando por que paulatinamente vayan dejando de operar. Asimismo, debe limitarse al máximo los casos en que operen medidas de compensación en áreas protegidas.

Pero aún con todo esto, cabe señalar que las áreas protegidas son necesarias pero no son suficientes en el escenario de crisis climática que enfrentamos, donde muchos expertos han advertido que debemos darle la misma prioridad que una pandemia. Tal como hemos visto que no es efectivo poner un lugar en cuarentena, si el sector vecino tiene abierto malls, casinos, etc. No es suficiente tampoco cercar ciertos lugares u oasis ambientales, si no cambiamos en nuestra Constitución nuestra relación con la naturaleza y cómo entendemos el territorio, el cual es mucho más que límites geográficos. Sino que es un sistema complejo, donde se relacionan distintas formas de vida (bióticas y abióticas como el agua y glaciares), incluida la nuestra, y si se afecta a una repercute en la otra. Nuestra vida, salud, cultura y resto de derechos humanos, dependen en gran parte de la estabilidad del territorio y conservación del medio ambiente. No es posible separar islas de áreas protegidas de las áreas que la rodean, ni vivir en un mundo fragmentado, porque la naturaleza no funciona así, no ve los cercos o límites que nosotros hemos creado.

De esta manera, debemos aprovechar esta tremenda oportunidad de escribir una Nueva Constitución, un nuevo contrato social, en donde realmente empecemos a tomar medidas más efectivas para hacer frente a la crisis climática, y no terminemos con “áreas protegidas de papel”.

Pablo Amat Trujillo

Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 11 (Las Condes, La Reina, Peñalolén, Vitacura, Lo Barnechea), Independiente patrocinado por el Partido Ecologista Verde. Abogado con un profundo enfoque en el área Ecológica y en Derechos Humanos (Magíster en Derecho Ambiental y Diplomado en Derecho Internacional de los DDHH). 

Sin lugar a dudas uno de los problemas y desafíos más grandes para el Estado de Chile, es y ha sido históricamente, el cómo integrar a pueblos indígenas con una particular cosmovisión y forma de relacionarse con el entorno, territorio y medio ambiente, que muchas veces choca directamente con el modelo de desarrollo imperante. En efecto, el reconocimiento y protección de derechos territoriales y derechos sobre recursos naturales, para los pueblos indígenas, sobre todo el pueblo Mapuche, es un problema que pone en evidencia las limitaciones, no sólo de nuestra organización y estructura social y económica, sino también del Sistema Internacional de Derechos Humanos. 

Luego de la Revolución Francesa surgen conjuntamente los Estados Modernos y las primeras Declaraciones de Derechos Universales (Declaración Universal de Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789). Con la “modernidad” se comienza a dejar atrás las formas de vida comunitarias, en donde los grupos humanos están fuertemente cohesionados en torno a una misma conciencia moral, sentido del destino humano, ideas morales y espirituales; para dar paso a sociedades en donde la asociación entre las personas está unida simplemente por el intercambio, el contrato y las interacciones de mercado. De esta manera, comienza una disolución de la conciencia colectiva y los sujetos se individualizan. Asimismo, las formas de propiedad comunal o colectiva que existían, fueron reemplazadas por la propiedad privada, a la cual – incluso ya para intelectuales como John Locke – se le concede el estándar de un derecho fundamental o humano. En consecuencia, el individualismo propio de la modernidad está presente en las primeras declaraciones de derechos universales e inalienables, en donde el principal objetivo que se buscaba era limitar el poder del Estado, asegurándole a las personas ciertos derechos básicos y espacios en donde el Estado debía abstenerse de intervenir, para poder desarrollar libremente su propio proyecto de vida. Asimismo, y aunque suene redundante, los derechos humanos tuvieron inicialmente una mirada absolutamente antropocentrista, vale decir, centrada en el ser humano, sus derechos individuales y libertades.

Si bien, progresivamente los instrumentos internacionales de derechos humanos fueron ampliando su catálogo hacia Derechos Económicos, Sociales y Culturales que exigían cada vez más que el Estado actúe con medidas positivas para su realización (y no sólo abstenerse de intervenir); de igual forma derechos de raigambre más colectiva, como el derecho a vivir en un medio ambiente sano y/o los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio y recursos naturales, tensionan con el enfoque antropocéntrico e individualista con que los derechos humanos fueron concebidos. En efecto, el Sistema Internacional de Derechos Humanos está construido bajo la idea de protección de víctimas concretas, individualizadas y determinadas, mientras que tanto los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el derecho a un medio ambiente sano, afectan a una colectividad de personas, haciéndose mucho más complejo determinar quienes concretamente tiene legitimación activa para exigir el derecho. De esta manera, el poder garantizar y reconocer estos derechos de afectación más amplia o abstracta, presenta un gran desafío, no sólo a las sociedades modernas, sino que a la institucionalidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, Chile también hacia el siglo XIX inició el tránsito hacia una sociedad y Estado Moderno. En efecto, al independizarse de la corona Española, y en el proceso de consolidación del Estado Republicano, Chile se vio en la necesidad de construir una identidad nacional y afianzar el orden interno. Para ello, se utilizó la forma de un Estado Unitario, con Una nación y Una cultura reconocida, lo cual aún perdura hoy en nuestra Constitución Política, bajo el entendimiento que las sociedades humanas son un todo coherente y unitario, sujetas a una misma ley. Sin embargo, esta uniformidad ficticia (cultural y jurídica) que se implementó, no daba cuenta de la diversidad cultural existente, sobre todo en las tierras al sur del río Bio Bio, en donde el pueblo Mapuche ejerció soberanía y potestad, la cual fue reconocida en el Tratado de Quilín de 1641, celebrado con la Corona Española. Incluso, el Estado Chileno en sus inicios, mediante el Parlamento de Tapihue de 1825, le reconoció al pueblo Mapuche, autonomía territorial y potestades a sus autoridades tradicionales. 

De esta forma, no cabe duda que por siglos han convivido en el territorio que hoy se conoce como Chile, estas dos naciones con formas de vida y concepciones del mundo distintas. Por un lado, el pueblo Mapuche con una forma de vida comunitaria, íntimamente relacionada con el territorio y sus recursos naturales, con los cuales sostienen vínculos espirituales y culturales que les interesa preservar, y por el otro, la incipiente República Chilena, que seguía la doctrina individual liberal, y que veía en la propiedad raíz y su explotación, el motor para el progreso y desarrollo; especialmente considerando que la exportación de trigo y charqui a Estados Unidos durante la fiebre del oro, constituía su principal fuente de ingresos. Adicionalmente, con la adopción del Código Civil Chileno, se adoptó un modelo de propiedad individual, en donde las situaciones de comunidad de bienes son excepcionales, y en donde se sigue la concepción Romana del dominio, en que el dueño está legitimado para usar, gozar e incluso disponer o destruir a su arbitrio de su propiedad (incluyendo la naturaleza). De esta manera, la Ley republicana no respondió ni tomó en consideración las particularidades culturales de los habitantes del sur del Bio Bio, para quienes no existe esta separación y superioridad entre el Ser Humano y la Naturaleza, sino una íntima conexión, representando la tierra no meramente una fuente económica y de subsistencia, sino que también de su desarrollo cultural y espiritual.

Ante estas visiones contrapuestas – la dicotomía entre colectivismo e individualismo, y entre medio ambiente interrelacionado o subordinado al hombre – el Estado Chileno optó por aplicar una política de asimilación y colonización de los territorios, buscando someter al pueblo Mapuche al régimen legal aplicado en el resto del país, incorporarlos a la civilización y asegurarse que las tierras que ocupaban serían trabajadas, cultivadas y explotadas. De esta manera, en 1861 Cornelio Saavedra presenta su plan de “Pacificación de la Araucanía”, el cual consistía en “civilizar y reducir a los indígenas”, mediante acciones militares tendientes a avanzar progresivamente la frontera, para luego subdividir y enajenar los terrenos baldíos y fiscales, que luego eran entregados a pequeños propietarios nacionales y extranjeros. Para ello, con el apoyo de la mayoría de los intelectuales de la época, se construyó una imagen del indígena como un ser bárbaro, salvaje e inferior que debía ser civilizado por el Estado, iniciándose un proceso de ordenación territorial sobre aquellas tierras ocupadas ancestralmente por el pueblo Mapuche, las cuales pasaron a quedar regidas por la Ley Chilena. Bajo la antigua doctrina Romana del res nullius (cosas que no pertenecen a nadie), se fueron incorporando los terrenos al sur del Bío Bío al Estado Chileno, el cual luego los distribuía a manos de privados y de colonos. Si bien, teóricamente los indígenas nacían jurídicamente igualados al ciudadano chileno, es decir, gozaban de todos los derechos garantizados, incluyendo el derecho de propiedad; en la práctica no eran protegidos de la misma manera en sus derechos, especialmente en lo que refiere a sus tierras. En efecto, si es que gozaban de derecho de propiedad, el despojo y remate de sus tierras constituía jurídicamente una expropiación, que debía ser debidamente indemnizada por el Estado. Sin embargo, salvo José Victorino Lastarria, nadie sostuvo lo anterior, primando la concepción que veía a los miembros del pueblo Mapuche y su nomadismo, como individuos que no cumplían con los requisitos para la adquisición del dominio. 

Por su parte, los miembros del pueblo Mapuche fueron confinados en “reducciones”, reconociéndose Títulos de Merced, los cuales muchas veces eran conferidos al cacique en nombre del linaje que representaban, y constituían de esta manera una forma de propiedad colectiva inserto en el sistema de propiedad individual Chileno. Entre los años 1.884 y 1.929, la Comisión Radicadora de Indígenas, creada por la Ley N° 1.883, otorgó cerca de tres mil Títulos de Merced en las Provincias de Arauco y Osorno, quedando solo un 6,39% del territorio total de dichas provincias comprendido en los Títulos de Merced, y todo el resto en manos del Estado. De esta manera, se redujo exponencialmente el Territorio Ancestral tradicionalmente ocupado por el pueblo Mapuche, incluyéndose muchas veces bajo un mismo título, a personas de diferentes familias, que por tanto no reconocían a un mismo cacique como jefe, afectando profundamente sus formas tradicionales de organización social. Es decir, el Estado fue arbitrariamente agrupando comunidades en un territorio reducido, mediante el otorgamiento de estos Títulos de Merced, lo cual provocó que el pueblo Mapuche no sólo se viera enfrentado a la usurpación de su terreno ancestral, sino que también sufriera la fragmentación del control territorial de sus autoridades tradicionales, a quienes se les otorgó un reducto muy reducido de lo que eran sus territorios. A ello, se unen problemas de superposición de títulos, producto del remate de propiedad indígena ya adjudicada, la apropiación de hecho de sus ya reducidas tierras, y actos fraudulentos sobre las mismas. Adicionalmente, la asignación de estos Títulos de Merced no garantizaba la estabilidad de la propiedad colectiva, sino que más bien se buscaba una gradual de conversión de las tierras al individualismo propietario. En efecto, el Estado Chileno a lo largo de su historia ha impulsado políticas de división de las reducciones, lo cual se vio acrecentado en tiempos de la dictadura militar, con miras a revertir el proceso de la reforma agraria, en donde los Decretos Ley N° 2.568 y 2.570 de 1979, establecieron que bastaba solo un comunero, mapuche o no, para proceder a la división de la comunidad. Como consecuencia, sólo en el período 1979-1986, se procedió a la división de 1.739 reducciones, dando lugar a la formación de 48.346 hijuelas, las cuales pasaron a incorporarse al mercado de tierras. 

Posteriormente, hacia fines de la dictadura, el 1 de diciembre de 1989, el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin y representantes de los pueblos indígenas en Chile, firman el Pacto de Nueva Imperial, cuyos principales compromisos eran: dar Reconocimiento Constitucional de los pueblos indígenas, la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y de un Fondo de Etno-Desarrollo, la promulgación de una Ley Indígena y la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT. Si bien, con la vuelta a la democracia se dictó la Ley Indígena N° 19.253 de 1993 y ratificó en Convenio 169 de la OIT, el Reconocimiento Constitucional de los pueblos indígenas no se ha materializado a la fecha.

Al día de hoy, la demanda territorial del pueblo Mapuche sigue siendo uno de los principales desafíos sin resolver del Estado Chileno, el cual ha adoptado una política represiva y de criminalización de dichas demandas. Por su parte, el pueblo Mapuche ha debido adaptar su concepción de la propiedad al lenguaje jurídico de los Títulos de Merced, para evitar la pérdida de las ya reducidas tierras cuya propiedad colectiva sí les fue reconocida. Debemos entender que para el pueblo Mapuche la concepción de la tierra y sus territorios, escapa con creces la concepción de propiedad individual imperante en nuestro modelo de desarrollo. Su vinculación íntima, espiritual y cultural con sus territorios, provoca que lo que está en juego al reconocer derechos territoriales, es la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida del pueblo Mapuche.  

Si bien el Estado Chileno ha hecho avances, ratificando Tratados Internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha fallado en reconocer e implementar en su institucionalidad interna, los estándares internacionales consagrados en dichos instrumentos, en especial en cuanto a proyectos de inversión con impacto ambiental sobre sus territorios, y su deber de consultar a los pueblos indígenas afectados, y en lo que refiere a procesos de recuperación territorial o entrega de tierras. De esta manera, el Estado Chileno no se ha pronunciado sobre temas tan importantes como ¿Cuál es el alcance de los derechos territoriales del pueblo Mapuche? ¿Aquellos Títulos de Merced o el territorio ancestralmente ocupado por ellos? ¿Cuánto control y autodeterminación estamos dispuestos a otorgarles sobre dicho territorio?  

Chile ha históricamente seguido un modelo de desarrollo Extractivista, que basa su riqueza en la explotación de los Recursos Naturales. Si bien ello ha permitido al país progresar económicamente, el mayor desafío aún consiste en que dicho progreso se alcance con pleno respeto de los derechos colectivos sobre el medio ambiente y aquellos que detentan los pueblos indígenas sobre su Territorio y Recursos Naturales. Ante ello, debe reconocerse los avances que en las últimas décadas ha hecho el país en cuanto a la suscripción de instrumentos internacionales que reconocen derechos territoriales a los pueblos indígenas, la dictación de la Ley N° 19.253, y la implementación de una Institucionalidad Ambiental. 

En efecto, uno de los avances más importantes en materia de reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas es el Convenio 169 de la OIT, el cual es un instrumento jurídico vinculante y ha sido ratificado por Chile. Dicho instrumento les reconoce el derecho a continuar su existencia y a desarrollarse en la dirección que ellos deseen, asimismo, a involucrarse en el proceso de toma de decisiones en los asuntos que les afecten. Ello se ha materializado principalmente a través del derecho a consulta, el cual está contemplado en su artículo 6 del Convenio, el cual señala que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. De esta manera, no es cualquier consulta la que se exige a los Estados, sino una Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), la cual debe efectuarse de forma previa, “de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. A su vez, define como obligación del Estado el establecer los medios para que puedan participar libremente y lograr pleno desarrollo de sus instituciones e iniciativas, proporcionando recursos necesarios para este fin. Por su parte el artículo 7 del mismo Convenio, permite a pueblos indígenas ejercer cierto control sobre su propio destino, al señalar que tienen “derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”. Adicionalmente los hace partícipes en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

Un aspecto muy importante del artículo 7, es que requiere a los gobiernos de los países que ratifican el Convenio, que velen porque siempre que tengan lugar actividades de desarrollo, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que puedan tener sobre esos pueblos, debiendo asimismo tomar medidas para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. En definitiva, se avanza enormemente en cuanto a lograr un desarrollo económico que tome en consideración las particularidades de los derechos indígenas, cuando se vayan a ejecutar proyectos de inversión o medidas administrativas y legislativas que pudieran afectarles. Se les incluye en esta toma de decisiones, a través de una consulta, la cual debe ser previa, mediante procedimientos apropiados, deben participar sus instituciones representativas, debe ser de buena fe, apropiada a las circunstancias y con la finalidad de llegar a un acuerdo. No obstante, en los casos en que los pueblos indígenas sean trasladados de las tierras que ocupan, el artículo 16 del Convenio 169 contempla que se requerirá su consentimiento libre e informado, no bastando la consulta. Asimismo, se resguarda su derecho a retornar a aquellas tierras, cuando ello sea posible, y cuando no, deberá entregarse tierras de igual calidad y estatuto jurídico que las que ocupaban, o cuando los interesados prefieran, una indemnización en dinero o en especie. Cabe agregar, que la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) es efectivamente vinculante, en casos de protección ambiental, desplazamiento forzoso, riesgo de supervivencia física o cultural de un pueblo o depósito de desechos peligrosos en un territorio.

A su vez, el Convenio 169 provee una serie de disposiciones que reconocen derechos territoriales y sobre recursos naturales a los pueblos indígenas. A saber, el artículo 14 establece que “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Adicionalmente, consagra una importante obligación a los gobiernos en torno a tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente, garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión, y solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Por su parte, los derechos sobre los recursos naturales existentes en sus tierras, están cubiertos en el artículo 15, comprendiendo derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En caso que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, los pueblos indígenas adicionalmente a ser consultados para determinar si sus intereses están siendo perjudicados por cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras, deben ser indemnizados equitativamente por cualquier daño que puedan sufrir a consecuencia de dichas actividades, y participar siempre que sea posible en los beneficios que le reporten tales actividades. 

Es de suma importancia señalar que el Tribunal Constitucional (TC), en la Sentencia Rol Nº 309 del año 2000, señalo que los artículos 6 y 7 del Convenio 169, son normas autoejecutables. Sin embargo, el resto de las disposiciones – que regulan los derechos territoriales – requieren de una norma que regule su aplicabilidad. Por lo cual, en la práctica al no haber norma alguna que regule estos derechos, pese a haber sido ratificado el Convenio, no han recibido aplicación alguna.

Por otra parte, el Estado Chileno también ha adherido a la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007, la cual si bien no es un instrumento vinculante para los Estados, puede ser utilizada para efectos de interpretar las normas internas e internacionales que ellos deben respetar y garantizar. La Declaración constituye un enorme avance, no sólo en materia de consulta, en donde establece que su fin es alcanzar un Consentimiento Libre Previo e Informado (artículo 15), sino también en materia de derechos territoriales y sobre recursos naturales, estableciendo un mayor desarrollo del derecho de autodeterminación que tienen los pueblos indígenas, en virtud del cual determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural (artículo 3), y ejercitan su derecho a la autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales (artículo 4).  Así, por ejemplo, el artículo 32 Nº1 y  en parte el artículo 23, afirman el “derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos”, mientras que el artículo 32 N°2 establece que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe  con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas, a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”. Asimismo, el artículo 25 precisa que “tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído y ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras”. De esta manera, la Declaración eleva el estándar de la consulta, a una cuyo consentimiento libre e informado es necesaria, sobretodo cuando se afectan tierras, territorios y recursos indígenas. 

Ahora bien, en el ámbito de la normativa interna Chilena, la Ley N° 19.253 de 1993, sobre Protección, Fomento y Desarrollo Indígena, establece las normas relevantes para la entrega o restitución de tierras a personas o comunidades indígenas en Chile. Dicha ley crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), la cual a través de su Fondo de Tierras y Aguas Indígenas (FTA), junto al Ministerio de Bienes Nacionales, ha sido la encargada de impulsar acciones de ampliación, transferencia y regulación de tierras indígenas, reconociendo como tales aquellas que poseen estos pueblos, ya sea por regulaciones o traspasos de tierras fiscales efectuados por el Estado a través del Ministerio de Bienes Nacionales, por compras de tierras efectuadas por CONADI, o por haber sido propiedad en virtud de otros títulos. El artículo 12 de la Ley identifica las tierras consideradas como indígenas, contemplando a las que provienen de toda clase de títulos emanados del Estado, aquellas que por ocupación histórica se inscriban en el a futuro en el Registro de Tierras creado por ley, las que sean declaradas como pertenecientes a comunidades indígenas, y las que los pueblos indígenas y sus comunidades reciban a título gratuito del Estado. Estas tierras pueden ser de propiedad individual o colectiva y están exentas de pago de contribuciones, no pueden ser enajenadas, embargadas ni gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas de una misma etnia (artículo 13).  Además, la CONADI tiene el rol de ser el organismo encargado del Registro Público de Tierras Indígenas, donde serán inscritas las tierras mencionadas en el artículo 12, y “únicamente su inscripción otorgará la calidad de tierra indígena” (artículo 15). La ley promueve la ampliación de las tierras para los indígenas y sus comunidades, especialmente a través de un Fondo de Tierras y Aguas, creado para tal efecto (artículo 20). Los objetivos centrales de la CONADI se encuentran expresados en el artículo 20, y se resumen básicamente en el otorgamiento de subsidios para la adquisición de tierras (artículo 20 letra a), el financiamiento de mecanismos que den solución a problemas de tierras (artículo 20 letra b) y el financiamiento de la constitución, regularización o compra de derechos de aguas (artículo 20 letra c).  Respecto al sistema de subsidios contemplado en el artículo 20 letra a), tienen derecho a postular todos los indígenas que consideren tener derecho de uso o usufructo de tierras o aguas sobre las que reclamen titularidad y que evalúen sus tierras como insuficientes. Actualmente el concepto de “tierra insuficiente” se determina a partir del factor de 0,3 hectáreas de riego básico por integrante del grupo familiar. La suficiencia sólo se evalúa en términos de disponibilidad productiva, no considerando otros factores como la existencia de bosque nativo o sitios ceremoniales, entre otros. El monto del subsidio actualmente es de 20 millones de pesos, y CONADI debe aprobar la compra. Por su parte, en virtud del artículo 20 letra b), el objetivo del Fondo es financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas relativos a tierras indígenas o transferidas a los indígenas, provenientes de los títulos de merced u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado a favor de los indígenas, ello sobre todo con motivo de cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, relativas a tierras indígenas, pudiendo la persona o comunidad involucrada presentar solicitud en la CONADI correspondiente. Luego el Director de la CONADI, previo informe jurídico administrativo sobre cada una de las solicitudes, resolverá sobre la base de los siguientes criterios prioritarios: 1) el número de personas o comunidades; 2) gravedad de las situaciones sociales para un alto número de familias o para toda una comunidad; y 3) antigüedad del problema de magnitud en la comunidad respectiva. 

De esta manera, la política pública del Estado Chileno en materia de restitución de tierras, se ha centrado en abordar la problemática de las tierras indígenas a través de la acción de la CONADI y su Fondo de Tierras y Aguas, la cual establece como criterio fundamental la situación económica de los postulantes, no cumpliendo con los estándares internacionales en esta materia, ya que se centra en la superación de la pobreza como eje central, lo que se basa en un concepto económico de la tierra, como un factor productivo, y no como un elemento propio de la cosmovisión indígena. Además, aún no existe un catastro de tierras y aguas indígenas que permita cuantificar la demanda y posibles soluciones de reparación. 

En efecto, el Convenio 169 se refiere a aquellas tierras que “tradicionalmente ocupan”, lo cual significa que no sólo se protege las tierras ancestrales ocupadas en la actualidad, sino que también aquellas ocupadas recientemente y que han sufrido situaciones de despojo y/o desplazamiento forzado, en donde se requiere consentimiento libre e informado. Asimismo, debido a la importancia que le otorga a la tierra el Convenio 169, las políticas en torno a derechos territoriales de pueblos indígenas se basan en torno a la idea de “restitución”, en contraposición con el concepto de “entrega” u “otorgamiento” que contiene la Ley 19.253. De este modo, no existe en nuestro ordenamiento jurídico un mecanismo legal de restitución de tierras, que reconozca el legítimo derecho del pueblo Mapuche sobre su territorio, sino que simplemente hay una mera compra de tierras. 

Ahora bien, en cuanto a la institucionalidad ambiental, cabe decir que la Constitución Política de Chile de 1980, innovó respecto de sus predecesoras, consagrando en su artículo 19 Nº8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Asimismo, el artículo 20, que consagra el Recurso de Protección, si bien tradicionalmente ha incluido en su listado sólo derechos individuales, dejando fuera derechos colectivos, económicos, sociales y culturales; protege expresamente el artículo 19 Nº8. La Constitución encarga a la ley definir el contenido de este derecho, y la Ley N°19.300 de Bases del Medio Ambiente, influida por la Declaración de Río de Janeiro de 1992, otorga una concepción amplia de lo que es el medio ambiente, incluyendo “elementos socioculturales”, es decir, que se puede producir una afectación al medio ambiente cuando se afecta la estética de un lugar, equilibrio del ecosistema cultural o contaminación visual. Asimismo, luego del Informe de Desempeño Ambiental de Chile, de la OCDE el año 2005, que recomendó profundas modificaciones a la institucionalidad ambiental Chilena, sobre todo en cuanto a los sistemas de fiscalización; se dicta la Ley N° 20.417 el año 2009, con la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación ambiental (SEA). Finalmente, con la dictación de la Ley N° 20.600 el año 2012 se crearon los Tribunales Ambientales, lo cual ha hecho que la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de Recurso de Protección varíe, reservándose éste sólo para casos en que haya una afectación inminente de derechos fundamentales, dentro de ellos derechos indígenas; debiendo recurrirse a la institucionalidad especial de los Tribunales Ambientales, cuando la discusión gire en torno a aspectos procedimentales o meramente formales. El problema es que la gran mayoría de los casos que se judicializan, se refieren a proyectos de inversión que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual si bien fue diseñado para determinar cuándo un proyecto o actividades son susceptibles de causar impacto ambiental que deba ser mitigado, compensado o reparado, de acuerdo a los criterios del artículo 10 de la Ley 19.300, también ha pasado a incluir a la consulta indígena en dicho procedimiento. De esta manera el SEIA consiste en un “único procedimiento integrado de observación y autorización de proyectos de inversión, de modo que inevitablemente convergen en él potestades e intereses diversos que lo convierten en un proceso deliberativo y difícil de administrar”. Ahora bien, un proyecto de inversión puede ingresar al SEIA ya sea por una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), dependiendo si se dan alguna de las situaciones o efectos contemplados en el artículo 11 de la Ley 19.300. 

Sin embargo, sólo cuando el proyecto ingresa vía EIA es necesario hacer un proceso de participación ciudadana y consulta indígena. De esta manera, no sólo no se contempla la consulta en proyectos que no deban ingresar mediante un Estudio de Impacto Ambiental (ingresan al SEIA mediante una DIA), sino que además la consulta indígena consagrada en nuestra legislación no se conforma con los estándares internacionales. En efecto, desde un comienzo, en el control de constitucionalidad del Convenio 169 de la OIT, el Tribunal Constitucional en su Sentencia Rol Nº 1050, ya señaló que la consulta indígena no podía constituir una consulta vinculante y que no implica una negociación obligatoria, sino una manera de “recabar opinión”. Hoy la consulta se encuentra regulada en dos normativas, el Decreto Supremo N° 66, que contempla el Reglamento General de la Consulta y regula el procedimiento de la consulta indígena en casos de medidas administrativas o legislativas que afecten a pueblos indígenas, y el Decreto Supremo N° 40, que establece el Reglamento del SEIA. De esta manera, coexisten dos sistemas de consulta en Chile, operando el DS 40 cuando estamos en presencia de proyectos de inversión del SEIA. Ambas disposiciones no se condicen con la normativa internacional. Las principales deficiencias radican en torno que se excluye de la consulta medidas que son susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas; no existe obligación del SEA de convocar una Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) en casos de DIA, restringiéndose las hipótesis en que es obligatorio consultar, unido a los brevísimos plazos que establece el DS 40 para su tramitación; no se contempla la participación en los beneficios tal como lo exige la normativa internacional; y además, se critica que la consulta no esté regulada a nivel legal en vez de un reglamento de ejecución. En efecto, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2014, el gobierno chileno reconoció las deficiencias y se comprometió a enmendar el DS 40 para garantizar su concordancia con el derecho internacional sobre CPLI, sin embargo, ello no se ha cumplido a la fecha. Por otro lado, la idea de sustraer del SEIA las reglas de aplicación del Convenio 169, ha resultado ser un rotundo fracaso, sobre todo ya que las Cortes progresivamente han igualmente reconocido la necesidad de aplicar los estándares del Convenio. A partir de ello, algunos han pretendido ver una excesiva judicialización del SEIA, afectando con ello las inversiones debido a errores cometidos por la administración, y la ambigüedad o vacíos del marco legal vigente. Sin embargo, en el sistema chileno la impugnación de los actos administrativos está reconocida como una garantía para los ciudadanos, que adquiere el carácter de protección constitucional como lo reconoció el Tribunal Constitucional en la Sentencia Rol 2009-2011 . En definitiva, el SEIA ha concentrado e internalizado el déficit de política pública general en materia ambiental e indígena, por lo que judicialización es principalmente responsabilidad del Estado, y es un error creer que exista una especie de activismo judicial en materia indígena y ambiental.

En definitiva, la Legislación Chilena y políticas publicas en materia de reconocimiento de derechos territoriales y sobre recursos naturales para pueblos indígenas, sobretodo el Mapuche, requiere de una urgente adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos, ello para abordar la deuda histórica que tiene el Estado con dicho pueblo. Si bien la Ley 19.253 significó un vital progreso para reconocer jurídicamente el pluralismo cultural que tiene nuestro país, ella ignoró las demandas mapuche en materia de tierras y recursos naturales, tiene un enfoque puesto en pobreza y desarrollo y no en derechos políticos, y se ha mantenido prácticamente sin cambios desde su dictación en 1993. ¿Qué avances se pueden hacer en nuestro ordenamiento jurídico para acercarnos más a los estándares internacionales de derechos humanos, en cuanto a reconocimiento de derechos territoriales y sobre recursos naturales de nuestros pueblos originarios?

RECOMENDACIONES

1.- El principal problema y punto de partida a resolver en la Ley Indígena, radica en torno a que el Fondo de Tierras de CONADI no ha hecho un debido catastro y demarcación de cuales tierras y aguas le pertenecen al pueblo Mapuche, para determinar cual es la demanda total de tierras. Ello es una obligación expresamente consagrada en el artículo 14 del Convenio 169, debiendo determinar “las tierras que ocupan tradicionalmente” y no sólo aquellas que fueron reconocidas a través de los Títulos de Merced. Una vez que se tenga mayor claridad sobre cuál es el territorio o tierras mapuche, podrá reconocerse derechos políticos, culturales y territoriales sobre los mismos y sobre los recursos naturales en ellos. 

Ya sea modificando la Ley Indígena N° 19.253 o dictando una nueva Ley para estos efectos, se debe reconocer, regular y hacer aplicables derechos colectivos a pueblos indígenas sobre medioambiente, territorio y recursos naturales, acogiendo los estándares que ha ido delineando el derecho internacional. Asimismo, en esta ley se debe regular y hacer aplicables aquellos derechos consagrados en normas del Convenio 169 de OIT, que el Tribunal Constitucional declaró como no autoejecutables, tales como la autodeterminación, asegurando espacios de autonomía para que determinen libremente su desarrollo económico, social y cultural; prioridades y estrategias en la utilización de sus tierras y territorios; permitiendo de esta manera mantener y fortalecer su propia relación espiritual con ella. 

2.- De esta manera, debemos avanzar en nuestra legislación desde una mera compra y entrega de tierras hacia un Mecanismo Legal e Integral de Restitución de Tierras, que reconozca derechos sobre su territorio, el cual no solo se evalúe desde un punto de vista económico, productivo, sino que incluya elementos de la cosmovisión indígena – lugares con plantas necesarias para conseguir su medicina (lawen) o medios de subsistencia tradicionales, sitios ceremoniales, arqueológicos, sitios donde habitan espíritus protectores de la naturaleza o ngen, o con especial significancia cultural o espiritual, etc – consultando a los interesados en cada caso, cuáles son estos elementos y lugares. Asimismo, debe dictarse una Ley de Patrimonio Cultural Indígena, conforme a lo dispuesto en al artículo 31 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

3.- A su vez, todo proyecto de inversión que se pretenda llevar a cabo en territorio indígena, deberá consultarse, sin que se distinga entre aquellos que ingresan al SEIA por DIA o EIA. Para ello se requiere modificar las normativas que regulan la consulta (DS 66 y DS 40), esta vez mediante una Ley (dictada previa CPLI), la cual de luces sobre cuándo se está frente a una “afectación directa” y consagre el principio precautorio en materia ambiental (ante la duda y falta de certeza científica acerca de la ocurrencia de un daño ambiental, protegemos el medioambiente), de manera que Estudios de Impacto Ambiental tomen en consideración aspectos sociales y culturales. Esta debe ser la vía única de ingreso al SEIA, eliminándose las Declaraciones de Impacto Ambiental, que no contemplan mecanismos de participación ciudadana y consulta indígena, y tienen plazos más breves de tramitación.

4.- Si bien los artículos 6 y 7 del Convenio 169 son autoejecutables de acuerdo al Tribunal Constitucional, es necesario que la legislación interna precise y regule una consulta que cumpla con los estándares internacionales, consagrados en dichos artículos, y no sea ambigua o contenga vacíos legales. De esta manera, se reducirá asimismo la judicialización en casos de proyectos de inversión sobre tierras mapuche o que les afecten directamente. Asimismo, la legislación que regule la consulta deberá contemplar casos de consentimiento previo libre e informado, en especial, por relocalizaciones de comunidades indígenas y desechos peligrosos en su territorio, y establecer medidas para que se beneficien razonablemente de los planes, proyectos o programas llevados en su territorio, determinando porcentaje de ganancias.  

5.- Adicionalmente, es recomendable seguir el modelo Colombiano en cuanto a establecer una Unidad de Consulta, y sea el Estado quien lleve a cabo o supervise dichas consultas, y no cada empresa en particular. 

6.- Si bien el Estado es el garante de estos derechos, puede avanzarse enormemente también en cuanto a buscar un compromiso sobre la Responsabilidad de Empresas en respeto de derechos humanos, debiendo contar con políticas y procedimientos apropiados, en función de su tamaño y circunstancias, para identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas y reparar consecuencias negativas sobre derechos humanos. 

7.- Por otro lado, ante los graves problemas de escasez de tierras, especulación y sobreprecio, debe considerarse seriamente en algunos casos hacer uso de la expropiación, tal como lo sugirió Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en 2003. 

8.- Finalmente, aún no se cumple el compromiso sostenido en Pacto de Nueva Imperial, en cuanto a Reconocer Constitucionalmente a los pueblos indígenas, y consagrar un Estado Plurinacional, dando cabida a que puedan definir libremente su desarrollo, instituciones, prioridades y asuntos internos. La Constitución Política Chilena, asimismo, debe avanzar en la relación del Estado y la propiedad de los minerales, recursos del subsuelo, el agua y demás recursos naturales, de manera de superar su excesiva concentración en concesiones cuya propiedad en manos de privados, es protegida por la misma Constitución. Debe equilibrarse mejor la relación entre el derecho de propiedad – que actualmente recibe una protección muy robusta por sobre el resto de los derechos fundamentales – y el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual debe consagrarse siguiendo los estándares y principios contemplados en tratados internacionales, tales como el principio precautorio, “el que contamina paga”, solidaridad intergeneracional, interespecies, interterritorial, etc. Si bien, actualmente se permite limitar el derecho de propiedad en virtud de la función social que ocupa la conservación del medioambiente, debe equilibrarse de mejor manera la balanza entre estos dos derechos, de manera de permitir una protección efectiva de la naturaleza. La Constitución debe superar su mirada antropocéntrica (centrada en el ser humano) y pasar hacia una ecocéntrica, consagrando derechos de la naturaleza o a la naturaleza en sí misma como sujeto de derechos y una acción popular que permita que cualquier persona – ONG y personas jurídicas incluidas – pueda solicitar a las Cortes que revisen si se ha vulnerado el derecho a un medioambiente sano. Asimismo, se debe avanzar hacia un Estado con un rol activo y solidario, dejando atrás el principio de subsidariedad que consagra actualmente. La Constitución debe garantizar de mejor manera el acceso a la justicia, información y participación, monitoreando que ello ocurra. Todo ello permitirá acercarnos a lograr un Desarrollo Sostenible, que permita satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para hacer lo mismo, y que respete otras formas de vida y cosmovisiones, asegurando derechos colectivos sobre el medio ambiente y aquellos que detentan los pueblos indígenas sobre su territorio y recursos naturales.

David Cervantes.

Estudiante de antropología social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y defensor del medio ambiente, se ha centrado en investigaciones sobre el avance de megaproyectos y cambio climático en la región de la Mixteca Oaxaqueña y Poblana, ha trabajado con comunidades de la región de la reserva de la biosfera Tehuacan – Cuicatlan en procesos de defensa del territorio y construcción de autonomía. 

La producción de mezcal en México.

Con un aumento del 20% en la producción anual a pesar de una crisis generalizada el mezcal se ha convertido en una bebida que está conquistando los mercados de todo el planeta, siendo el segundo destilado con mayor producción en México con aproximadamente 7 millones de litros anuales. En el último registro disponible (año 2019), las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron un 50% superando incluso el consumo que se tiene en nuestro país.

En tanto, la producción de esta bebida se distribuye en México de la siguiente manera, un 90% se produce en el estado de Oaxaca, 2.5% en el estado de Puebla y el resto en Guerrero, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, generando ganancias por mas de 3 mil millones de dólares anuales y más de 45 mil empleos a lo largo de la cadena (EXELSIOR, 2018). 

Sin embargo, al interior de este paisaje aparente de crecimiento económico se desarrollan una serie de relaciones desiguales que ponen en riesgo no solamente la originalidad de la bebida sino también a regiones enteras de nuestro país, especialmente las zonas donde crece el agave (materia prima para la producción de mezcal) y donde se destila. 

De ser una bebida que hasta hace menos de 20 años era despreciada por gran parte de la población, la producción de mezcal paso a convertirse en un agro industria que va abriendo nuevos mercados para la reproducción de capital en México, configurando territorios, destruyendo las antiguas formas de producción de mezcal y modificando las relaciones sociales dentro de comunidades. Lo anterior podría desembocar en un proceso parecido al ocurrido en jalisco con la industria de tequila o a lo que se vive en Colombia con los monocultivos de palma.

La Mezcalinización de la Mixteca.

La región Mixteca de Oaxaca y Puebla es un espacio de gran valor para la humanidad por su gran diversidad biológica y cultural, a través de millones de años la vida en sus múltiples manifestaciones ha evolucionado y diversificado en ecosistemas muy complejos que hasta ahora habían mantenido estable su metabolismo.

Tan solo para darnos una idea, en esta región habita un 70 por ciento de las familias de plantas vasculares de todo el mundo, es un centro de diversificación de agaves con 34 de las 159 que existen en el país, 15 de ellos utilizados para la producción de mezcal las cuales son: A. Americana, A. Macrocantha, A. Angustifolia, A. Karwinsky, A. Angustiarum, A. Lurida, A. Mapisaga, A. Marmotata, A. Potatorum, A. Salmiana, A. Scaposa, A. Titanota, A. Nusaviorum, A. Lyobaa y A. Convallis, lo que significa que casi cualquier agave mezcalero puede encontrarse en esta parte de México y algunos de ellos solo aquí, sin mencionar la gran diversidad de agaves híbridos producto de la polinización entre distintas especies. 

Es también un lugar donde habitan 47 de las 140 especies de Murciélagos, principalmente los del Género Leptonycteris que son fundamentales para la polinización de agaves silvestres y la mayor parte de las familias de plantas “siendo el municipio de Santiago Chazumba uno de los mayores refugios de esta especie en México” (Reyes Fernando, 2020).

En diciembre de 2019, Miguel Barbosa gobernador del estado de Puebla anuncio la creación de lo que pretenden sea la “planta destiladora de mezcal más grande de América Latina” proyecto desarrollado por tequila Don Ramón filial del agro industrial The iidea Company.

The iidea Company, es una empresa transnacional que produce derivados de agave, principalmente azucares y recientemente tequila y mezcal con la adquisición de la marca “Don Ramón”.  La empresa perteneciente a Álvaro Cetto Garollo ha financiado investigaciones para generar mecanismos de extracción y conservación de azucares de agave que permitan la producción de tequila y subproductos sin necesidad de la piña, dichas azucares derivadas de los agaves han tenido un gran éxito en el mercado debido a la facilidad con la cual el cuerpo la absorbe y la cantidad de fructuosa que contiene al estar terminada, lo que la convierte en un producto “orgánico” frente a un mercado acusado de causar más de 3 millones de muertes anuales en el mundo y provocas enfermedades como la diabetes.

La demanda mundial de azúcar llevo a la compañía a procesar 50 toneladas de agave al día para el 2011, lo que resultaba en aproximadamente 10 toneladas de jarabe de agave sin embargo el mismo Alvaro Cetto aseguro en ese año que estaban trabajando en el desarrollo de un proyecto con mayor inversión para poder logar una planta que produjera hasta 200 toneladas diarias de azúcar de agave aproximadamente mil toneladas de agave cada 24 horas (Expansion,2011).

” Lo que se pretende alentar es la inversión en el campo, a fin de tener asegurada suficiente materia prima. De hecho, su plan es presentar ante el gobierno estatal y federal un programa que apoye la siembra de 50,000 hectáreas de agave al año hasta llegar, en una década, a 500,000 hectáreas. “Toda esa producción puede transformarse en miel y puede exportarse a los mercados mundiales; existe la demanda” aseguro en una entrevista (EXPANSION,2011).

En este contexto, la empresa busca rentar 40 mil hectáreas de tierra para convertir a la región mixteca de poblana en una fábrica de agave que abone a las necesidades del mercado mundial del azúcar y los destilados. 

Considerando que la industria tequilera se abastece de 70 mil hectáreas de tierra de 5 estados del país, la siembra de este monocultivo de proporciones similares a las plantaciones industriales de palma en Colombia transformaría el paisaje mixteco para siempre, llevando a la región a una crisis climática y social sin precedentes.

Por otro lado, el boom del mezcal en la mixteca poblana ha llamado el interés de otros personajes algunos de la política mexicana como es el caso de Juan Jesús Lozoya Austin hermano de  Emilio Lozoya quien compraría el rancho “El gallo” de San Nicolas Huajuapan, Puebla, el cual produce aproximadamente 5 mil litros de mezcal mensuales y el cual también ha sido acusado de centralizar y lucrar con los programas sociales para familias mezcaleras en la región mixteca de Puebla así como de haber comprado la denominación de origen en ciertos estados de la republica con el objetivo de acceder a las reservas de agave silvestre. 

Un interesado más en las reservas de agave y la tierra de la mixteca ha sido el corporativo José Cuervo a través de su firma mezcalera “400 conejos” los cuales llegaron a la región de San Martin Atexcal hace aproximadamente 2 años para impulsar monocultivos de agave en las comunidades del municipio, pagando 4 mil pesos anuales por hectárea y generando contratos por 20 años. 

El riesgo de convertir a esta región de México en una enorme fábrica de agave aumenta con el programa del gobierno federal “Sembrando Vida” el cual considera a la región mixteca como una zona árida de baja productividad en la cual una alternativa para “detonar el desarrollo” es la siembra de agave en monocultivo.

Para 2020 se esperaba que el cambio de uso de suelo se efectuara en una extensión de 25 mil hectáreas, capacitando a más de 10 mil sembradores en la Mixteca, en dicho programa se capacita a familias campesinas para la construcción de semilleros donde se germinara la planta, así como también se ofrece planta lista para la siembra y capacitación para el manejo de las plantaciones. 

La siembra de agave en la mixteca definitivamente no obedece a necesidades locales que tienen los campesinos, sino a las necesidades de una industria que necesita de la planta para la producción de mezcal, una industria que ha despojado a los pueblos de su tradición, que ha roto los ciclos tradicionales de producción y ha convertido al mezcal en una bebida procesada como cualquier refresco o producto de supermercado.

Los proyectos de plantaciones impulsados por los gobiernos estatal y federal no es más que una estrategia que beneficiara con materia prima y mano de obra barata a corporativos como José Cuervo, The idea Company, coca cola Company y otras agroindustrias productoras de azúcar, destilados y biocombustibles. 

Foto: contraste entre los nuevos terrenos deforestados para la siembra de agave (izquierda) y el estado silvestre de los ecosistemas (derecha) en San Martin Atexcal Puebla.

Foto: monocultivos de agave en Tepeji de Rodríguez. Fuente: Google Eart.

Monocultivos en region de 4 rayas, Mixteca Poblana. Fuente: Google Eart.

Selva Baja Caducifolia en buen estado de conservación, región de San Juan Raya y San Sebastián Fronteras, Puebla. Fuente: Google Earth.

La cara oculta de la biotecnología aplicada en el agave.

En 2020 la fundación produce Puebla y produce Sinaloa firmaron un convenio en coordinación con la universidad de Chapingo para desarrollar un banco de germoplasma de agave, dicho proyecto se suma al que se desarrolla en Tlaxcala desde el 2015. Los desarrolladores afirman que estos proyectos garantizaran la conservación de la diversidad de agaves amenazados por la industria del mezcal. 

Sin embargo, no se puede garantizar que el banco de germoplasma tenga sus únicos objetivos en la conservación del agave silvestre. Hoy en día “La bioeconomía está generando un mayor interés en el germoplasma vegetal como fuente de genes y rasgos que pueden ser explotados para producir materias primas de alto rendimiento destinadas a la producción de alimentos, combustibles, sustancias químicas y fármacos.” (ETC GROUP).

Para el año 2009, el mercado mundial de semillas y recursos fitogeneticos estaba valuado en 20,062 millones de dólares, para el 2022 su valor habrá ascendido a los 121 mil millones de dólares (El Exportador, 2016).

En el año 2017, CONACyT junto a Clarke, Modet & Co llevaron a cabo una investigación titulada “Uso industrial del agave en sectores agricultura, manejo integral de residuos, medicina y químico” con el objetivo de darle a conocer al Gobierno Mexicano las oportunidades de negocio que la agro industria del agave puede abrir en México, en un reportaje realizado por Expansión, se menciona incluso que ya existen inversionistas interesados en la inyección de capital entre las cuales se encuentra, Thyssen Krupp AG, PISA, Abengoa bioenergy (biocomustibles), Plastinova, Soluciones biodegrádales, Plastinova, African Sisal, L´Oréal y Mascoma, las cuales tienen el objetivo de producir derivados de agave para la industria agroalimentaria, farmacéutica, biocombustibles y para el uso cosmético.

“El estudio permitió identificar que actualmente hay 542 patentes de diferentes países, relacionadas con productos elaborados con agave o con procesos y técnicas industriales para aprovechamiento de diferentes componentes de la planta, desde azúcares hasta fibras. Sus autores consideran que el número de patentes podría crecer más de tres veces si la industria mexicana descubre que hay una gran oportunidad de negocios en el uso ordenado de este vegetal (Expansion,2017).

En este sentido, los bancos de germoplasma funcionan como laboratorios para producir tipos de semilla que modificada puede aumentar la producción en condiciones climáticas especificas los cuales están íntimamente ligados a la industria de agroquímicos y el mercado de patentes y propiedad intelectual el cual podría restringir el uso tradicional de las semillas. 

“en otras palabras, las semillas son ahora como teléfonos celulares o computadoras portátiles- recipientes que contienen tecnología patentada” (ETC GROUP,2017).

En la última década los avances tecnológicos han llevado a que la industria de la bio tecnología pueda apropiarse de los códigos genéticos sin necesidad del ADN original de las plantas, lo anterior permite construir digitalmente organismos vivos con ADN sintético, diseñarlos al gusto o las necesidades del mercado y mercantilizarlos a través del internet como cualquier otra mercancía con la opción de comprarla y descargarla para posteriormente darle vida en cualquier laboratorio del mundo. 

Estos intereses quedan aún más claros a través de una historia que narra un campesino de San Juan Raya, Puebla. Hacia el año 2014, una investigación financiada por la farmacéutica Bayer extrajo de la reserva de la biosfera Tehuacán – Cuicatlán material fitogenetico con el objetivo de desarrollar proyectos de conservación de germoplasma y cultivo in vitro ex situ. El campesino San Juanense me cuenta:

 “nos dijeron que con las plantas iban a crear nuevas medicinas y que nosotros íbamos a ganar mucho dinero si les permitíamos extraer especies, dicen que de San Martin se llevaron Varias.”

Apocalipsis para los ecosistemas de Tehuacán – Cuicatlán. 

Al interior de estos proyectos que la industria visualiza para el futuro en la región, hay algo de que no se habla, incluso se niega. La crisis ambiental. 

En el año 2018, fue publicado un programa de adaptación al cambio climático de la reserva de la biosfera Tehuacán – Cuicatlán financiado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo mundial para el Medio Ambiente (GEF) en coordinación con la Secretaria de Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

En el documento de 166 páginas, no se hace mención de la presión que la industria está generando en los ecosistemas de la región ni de cómo esta presión es causa del cambio climático en la zona. Básicamente este programa se encarga de justificar como las comunidades rurales campesinas e indígenas de la reserva a través de sus actividades de subsistencia están cambiando el clima y de cómo tendrán que adaptarse a condiciones climáticas apocalípticas en un futuro cercano.

Independientemente de esto, el programa genera información relevante a través de un pronóstico de variabilidad climática que consta de 3 periodos de análisis (1951-1980), (1961 – 2000), (1981-2014) y 2 ventanas de tiempo (2015-2039) y (2075-2100).

De acuerdo al análisis, de 1951 al año 2014, la temperatura de la región aumento 0,67 grados centígrados, la precipitación pluvial disminuyo 16 mm y la concentración de dióxido de carbono se elevó de 385 ppm a 410 ppm, lo que significa que el clima de la región presenta una tendencia a ser cada vez más seco y a tener una mayor pérdida de vegetación y humedad, menor precipitación, mayor escases de agua, perdidas en la agricultura, más incendios forestales y plagas.

Para el año 2009 los registros de sequías en la región pasaron de 10 a 50, rebasando además en ese mismo año el registro histórico de temperatura máxima. Así mismo la temporada de lluvia lleva una tendencia a ser cada año más corta y con lluvias más intensas. En 2009 los eventos de lluvias intensas en la región pasaron de 5 a 25 y para el año 2012 aumento a 90 registros. Al traducir lo anterior en pérdidas para la agricultura (actividad fundamental para las comunidades) en la Mixteca se está generando una pérdida anual de más de 100 mil hectáreas de cultivo de temporal, más de 20 millones de pesos. (PACC-RBTC).

Para las ventanas de tiempo (2015-2100) el pronóstico climático nos alerta de un aumento en la concentración de CO2 en la atmosfera que puede alcanzar las 936 ppm y en la temperatura un aumento de 4.23 grados. En lo que corresponde a la precipitación, el pronóstico para finales de siglo indica una disminución de 161 mm lo que representa una disminución del 20% del volumen total de agua que tenemos hoy. 

En los próximos 80 años, la crisis ambiental se verá reflejada socialmente en la falta de acceso a la alimentación y al agua potable lo que a su vez traerá un aumento de enfermedades, la pobreza extrema aumentará y con ello los índices de migración llevando consigo a los primeros grupos de desplazados climáticos de la región. 

En los ecosistemas, el avance de la desertificación, la erosión, la perdida de humedad, las plagas y el aumento de temperaturas pueden llevar a la extinción de especies polinizadoras y esto a su vez la extinción masiva de especies de flora endémica.

Bajo estas condiciones, la vida silvestre y de las poblaciones humanas será cada día más difícil, lo que llevará a una mayor disputa por el control y abastecimiento de recursos.

Reflexiones finales.

The idea Company, Coca cola, José Cuervo y todos los convenios que se derivan de empresas como estas, vienen acompañados históricamente de un discurso de desarrollo social – sustentable que promete todo tipo de beneficios a cambio de firmar engañosos contratos de arrendamiento de territorios comunales, ejidales y también de pequeñas propiedades privadas. 

Esto representa un espejismo en tanto las declaraciones del gobernador de Puebla y las transnacionales auguran inversiones multimillonarias y aseguran que el agave es el nuevo “oro verde” para la región, pero se oculta tras los discursos la forma de distribución de la riqueza, el impacto ecosistemico que representa reconvertir más de 50 mil hectáreas de bosque nativo en plantantaciones y el despojo de recursos que traería consigo. 

En las reglas de contratación de estas empresas, se pagan hasta 4 mil pesos anuales por hectárea a campesino, se solicitan los desmontes de dichos terrenos y se siembran hasta 5 mil plantas por hectárea a los cuales se les procura con agro tóxicos para acelerar su desarrollo, evitar malezas y plagas. La mayoría de estos contratos se firman por 20 años, un tiempo en el que la tierra queda sin nutrientes e impide la posibilidad de volver a sembrar algo más. 

La instalación de la planta destiladora más grande de México y el avance de monocultivos de José Cuervo y Tequila Don Ramón generara una demanda de agua para alimentar los procesos industriales de producción en la planta tequilera, así como para el funcionamiento de sus sistemas industriales de riego en más de 50 mil hectáreas, introducirá nuevas especies de agave y habrá un aumento en la perforación de pozos de agua lo cual aumentara el desabasto.

Cada ecosistema de nuestro planeta se encuentra conformado por cientos de miles de seres vivos, micro organismos, plantas, animales que conforman una cadena perfectamente equilibrada a través de intercambios bioquímicos y energéticos entre los que la componen, a este funcionamiento de la naturaleza podemos llamarle metabolismo. 

Los planes agro industriales para la region Mixteca, ademas de detonar un incremento exponencial en la tendencia del calentamiento atmosférico y el estrés hídrico en la region va a generar una fractura en el proceso metabolico de los ecosistemas desencadenando una serie de eventos biológicos al interior de estos que pondrían en riesgo el tan elogiado patrimonio mixto de la humanidad.

En este sentido, el problema ambiental que ha desencadenado el mezcal se localiza en los niveles industriales a los que ha llegado la producción y los mecanismos para acaparar y generar la materia prima. Utilizando sistemas tecnológicos sumamente dañinos, apoderándose de los recursos genéticos, de la tierra y de la fuerza de trabajo de los campesinos, es de acuerdo a esta lógica que de los más de 7 millones de litros de mezcal que se destilan anualmente más del 50% lo hacen 5 empresas las cuales pertenecen a grupos empresariales que ninguna relación han tenido con el territorio y con la tradición.

Por último, la producción de mezcal exige formas planificadas de manejo forestal que estén diseñadas de acuerdo a la capacidad para la regeneración de los ecosistemas, que sean administrados y organizados por mujeres y hombres que habitan los territorios no por coca cola Company o tequila Don Ramón, que sean pensadas y escritas combinando el conocimiento campesino y el de científicos militantes o no militantes, pero consientes de la importancia de la tierra y las distintas formas de vida. 

En este contexto, la articulación, la organización y la movilización de las comunidades de la reserva de la biosfera y de la región Mixteca para impedir el avance de los monocultivos y detener la construcción de las plantas destiladoras será decisiva para asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural de nuestros pueblos, así como el acceso al agua.

Bibliografía.

• Blanco Daniel, 28 de agosto de 2019,” Exportaciones de mezcal aumentan 47% en primer semestre de 2019, El financiero, Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportacion-de-mezcal-aumenta-47-en-el-primer-semestre
• Rodríguez Oacar, Industria del mezcal generó ganancias por tres MMDD,Diario Rotativo tribuna de Oaxaca, recuperado de: https://www.rotativooaxaca.com.mx/principales/industria-del-mezcal-genero-ganancias-por-tres-mmdd.
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• Ruiz Laura, Buscan explotar mezcal poblano con programa Sembrando Vida,4 de diciembre de 2019, e-consulta, recuperado de: https://www.e-consulta.com/nota/2019-12-04/gobierno/buscan-explotar-mezcal-poblano-con-programa-sembrando-vida
• Hernandes, Liz, Crearán Puebla y Sinaloa el primer banco de reserva genética del agave silvestre, 24 horas, 3 de diciembre de 2019, recuperado de: https://24horaspuebla.com/2020/12/03/crearan-puebla-y-sinaloa-el-primer-banco-de-reserva-genetica-del-agave-silvestre/
• Markets and markets, El mercado global de semillas ascenderá a más de 100.000 millones de euros en 2022, recuperado de: https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/noticias/NEW2016681145.html
• Sanchez Sheila, El agave, más que una planta para elaborar tequila, 4 de marzo de 2017, EXPANSIÓN, recuperado de: https://expansion.mx/empresas/2017/03/04/el-agave-mas-que-una-planta-para-elaborar-tequila
• Redacción, El mezcal de Oaxaca, la bebida más exportada de México, 12/01/2018, EXELSIOR, recuperado de: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/12/1213349
• ETC GROUP, “¿Quién controla la economía verde?, documento sin fecha ni lugar, pp.68.

Esteban Valenzuela Van Treek.

Director CREASUR UdeC. Vicepresidente FREVS. Presidente Fundaciones PRESENTE y JARDINES BOTÁNICOS COMUNITARIOS. Fue Alcalde y Diputado por Rancagua. Activista Bosques para Cachapoal.

Vivimos en el metarelato del desarrollo como progreso material, crecimiento permanente y bienestar material por consumo. Desde el año 1990 en que nos ligamos a lo verde de manera militante al «vivir» la lluvia ácida que mataba las quebradas en torno a la Fundición Caletones y llegaba hasta Coya y Machalí, los textos de Schumacher, Petra Kelly, Max Neef, Manuel Baquedano, Sara Larraín, Adriana Hofmann, CEPAUR, Leonardo Boff de la Teología de liberación roja y verde (comunitaristas y ambientalistas), nos ayudaron a estructurar pensamiento y al ser alcalde de Rancagua le dimos duro al plan ambiental con un proceso autoregulado en transporte, primeras experiencias de reciclaje y ciclovías, vivero municipal y duplicamos las áreas verdes. Pero lo más importante, con la norteamericana Laura Mullahy, logramos hacer un manual de gestión municipal verde y colocar el tema en la Asociación Chilena de Municipios, que impulsamos desde la Fundación Ebert (FES), la que era liderada por un militante de Los Verdes (siendo ella financiada por el PSD): Elmar Rompcyck, quien escribió el 91 «Crecimiento o Desarrollo» y me mostró en Duisburg lo obrado por municipios con presencia verde y empresas que lograron descontaminar, abrir canales de cementos para que los esteros volvieran a serpentear llenos de biodiversidad, el reciclaje en serio y los jardines salvajes en que se respetara la naturaleza y no se homologara área verde a plaza homogénea, sino más bien la apertura de senderos diversos uniendo parques, esteros y bosques.

Me hice díscolo y disidente temprano. El 93 proclamamos a Max Neef en el auditorium de Rancagua, tocó el piano y rozó el 10% en la ciudad «huasa» y «minera». Con Sara Larraín y Chile Sustentable trabajamos lo territorial y ambiental, y luego con la GIZ como presidente de la Comisión de Minería y Energía del Congreso nos tocó empujar la agencia de ahorro energético y un ministerio que huyera de la mentira de tener que crecer a 8 en matriz energética para lograr la meta productivista del crecimiento a 5. Desde allí y mi vivencia tres años con los mayas (2010 -2012), asumí la idea de complementariedad, evitar la oposición simplona y excluyente de factores, y pasar a otro triángulo de la idea de desarrollo: regresar a prácticas sanas y ancestrales, conservar el máximo con austeridad y visión circular, y progresar con apoyo de tecnología en que los verdes seamos a su vez abiertos a las transformaciones que permitan corresponsabilidad. Lo anterior permea estos siete textos que les comparto:

1.- El Adiós al Municipio que connota en 1998 la experiencia consejista desde lo local incluyendo lo ambiental.

2.- Breve Oración del Amanecer Maya previo al cambio civilizatoria que pasa del agricultor tenso por tener tierra a una época de mayor iluminación si la ciencia se aplica para el buenvivir.

3.- La Patagonia Verde como modelo post extractivista y prefiguración de la Patria Grande Sustentable.

4.- La banalidad de la RSE como mera cooptación y el emplazamiento a las empresas para pasar a lo Veraz, Verde y Vinculado de verdad con las comunidades empoderadas.

5.- La propuesta de gobernanza regional del agua multiactor como alternativa al privatismo neoliberal o a la opacidad del control de agencia estatal.

6.- La posibilidad de rentas regionales para virar a economía verde.

7.- La reseña de mi libro Teoría Triangular del Desarrollo y Pensamiento Y: 40 factores para el Buen Vivir, elaborada por Rafa Domínguez desde Cantabria.

Fernando Viveros Collyer

Filosofo con estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidato a Magíster, Universidad de Chile. Académico de varias universidades. Redactor de la opinión pública, Miembro fundador de la comunidad Observatorio Aguas; participante en organizaciones ambientalistas chilenas y españolas.

Mi interés y motivación por el estudio y desarrollo de un pensamiento acerca de lo que se llama el proyecto social del “buen vivir”, y de la propuesta, relacionada con lo anterior, de los “derechos de la Naturaleza”, provienen de un modo de inserción en los movimientos ciudadanos y populares en estos años del siglo XXI en Chile.

Una experiencia importante de esta inserción se encuentra en una percepción que me muestra la ausencia de un proyecto político que presente una imagen país, o un proyecto que imagine una alternativa fuerte respecto de las condiciones contemporáneas de nuestras sociedades.

Alrededor de la palabra “buen vivir” se trata de explorar lo que aparece como ese proyecto alternativo a la actualidad Latinoamericana. Pero me encuentro, ya con cierta frecuencia, que se menciona este “buen vivir” sin ofrecer una comprensión del concepto. De cierta manera ha devenido un locus voci frecuentado por diversas intenciones respecto de los cambios sociales que se proponen respecto de nuestras sociedades. Yo estoy intentando llevar adelante una reflexión que proporcione carne y musculatura al esqueleto de una forma llamada con ese nombre.

Descubro los “derechos de la Naturaleza” como una figura que puede corresponder al pensamiento ambiental o ecológico de la propuesta del buen vivir. Un componente básico de éste se constituye como pensamiento de la experiencia de Naturaleza desde las sociedades del siglo XXI. Estos derechos de la Naturaleza implican, aparentemente, la necesidad de una reflexión que fundamente una cuestión de valores humanos, pero en la forma de una alternativa a un pensamiento antropocentrista que se nos presenta como pensamiento hegemónico.

1.- Los discursos políticos latinoamericanos sobre el buen vivir.

2.- Concepciones del buen vivir híbrido o de cambio de paradigma.

3.- CHILE: Defensa de la Naturaleza en la nueva constitución.

4.- El pluralismo ideológico en el buen vivir.

5.- Consideración del saber indígena en la perspectiva ambiental.

6.- Idea de un proyecto alternativo de sociedad.

7.- Perfomances ambientales de la izquierda en este siglo XXI.

8.- Voces constituyentes.

9.- Panorama constitucional latinoamericano de derechos de la Naturaleza.

10.- Colombia 2016: el río Atrato considerado como sujeto de derechos.

11.- La Naturaleza como Alguien, no como algo.

12.- Año nuevo, nuevas palabras: sumak kawsay y suma qamaña.

13.- El Buen Vivir: Una utopía latinoamericana en el campo discursivo global de la sustentabilidad.

14.- Razones del todo en los rituales del buen vivir.

15.- (Re)pensando una complejidad para el buen vivir.